No son buenos tiempos para los andaluces Victorio y Lucchino. Si bien el año pasado veíamos cómo el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla aceptaba la casa natal del pintor Diego Velázquez -una de las sedes principales de la marca- como dación en pago a la deuda contraída con el Banco Popular, ahora le toca a los diseñadores rendir cuentas con la ley.

El mismo juzgado los ha inhabilitado durante dos años para administrar empresas. Y aunque el castigo ha sido el menor -este tipo de autos tienen una pena que va desde los dos años a los quince años-, ambos diseñadores han aceptado la sentencia a través de un comunicado en el que se justifica también la falta de control y seguimiento debido a que ellos de lo que saben es de moda. “Aun habiendo tenido grandes estructuras internas y equipos directivos cualificados, nosotros no gozábamos de esa capacitación profesional y técnica”, afirma el comunicado.

Y si bien podemos entender la justificación de los diseñadores -zapatero a tus zapatos-, no hay que olvidar que este tipo de sanciones se realizan cuando hay pruebas de dolo o culpa grave del deudor. Algo que se demostró ya que la contabilidad de la empresa mostraba diferencias y desorden en el activo y pasivo declarado.

Los quebraderos de cabeza de Victorio y Lucchino comenzaron en 2013 al acumular éstos un pasivo de 10 millones de euros. Fue en esos momentos cuando ambos solicitaron auxilio y alegaron “momentos de dificultad económica” derivados por la crisis que se vivía en España. Aunque se mostraban esperanzadores con el hecho de poder crear un business plan que permitiera revivir tanto a V&L Costura, Diseño y Moda SA, como a Patrimonio de Moda SL.

Desafortunadamente, no se logró y hoy José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina del Corral están inhabilitados.

Foto: Getty Images